El nombre de Dina Boluarte nuevamente está en boca de todos. Hace tres días, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó un informe sobre los hechos ocurridos ante las graves violaciones contra los derechos humanos por las muertes de civiles ocurridas el marco de las protestas antigubernamentales. En dicho escrito, la CIDH calificó de “masacre” y la posibilidad de “ejecuciones extrajudiciales” en las protestas, tras el intento de golpe de Estado del exmandatario Pedro Castillo, el pasado 7 de diciembre de 2022.
Tras ello, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de Perú decidió archivar hoy la denuncia presentada contra la presidenta Dina Boluarte, así como contra varios ministros y exministros, por la muerte de manifestantes en enfrentamientos con las fuerzas del orden durante las protestas antigubernamentales. La decisión de declarar la denuncia improcedente y, por tanto, que pase a archivo, contó con el voto a favor de 11 parlamentarios, 5 en contra y 3 abstenciones.
La clamorosa denuncia contra Boluarte había sido presentada por la parlamentaria de izquierdas Ruth Luque y también buscaba acusar al expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Angulo; al exministro del Interior, César Cervantes, exministro de Defensa y actual jefe de gabinete, Alberto Otárola, así como al exministro de Justicia, José Tello.
En su acusación, Luque argumentó que todos los mencionados habían incurrido en una infracción de la Constitución, en lo referido a sus atribuciones “en las esferas más altas de decisión en asuntos del uso de la fuerzas policiales y militares”. “Consideramos que la conducta en la que habrían incurrido atenta, de forma evidente, contra lo dispuesto por los artículos 44 y 118, inciso 1 de la Constitución en conexión con los artículos 1 y diversos apartados del artículo 2 de la Constitución, con especial atención en lo referido a los derechos fundamentales a la vida e integridad física y psicológica”, indica el documento, recogido por una emisora nacional.
Caso Boluarte: archivado
Los parlamentarios integrantes de la subcomisión consideraron que la denuncia era improcedente dado que “no ha cumplido con el criterio en cuanto a ‘que se refiera a hechos que constituyan infracción de la constitución y/o delitos de función previstos en la legislación penal’”.
Ante esta decisión, también salieron librados el expremier Pedro Angulo; el exministro de Defensa y hoy premier, Alberto Otárola; el exministro del Interior, Víctor Eduardo Rojas Herrera; y el ministro de Defensa, Jorge Luis Chávez Cresta, por los delitos de homicidio calificado y lesiones graves.
