El Consejo de Ministros sesionó la mañana del lunes 12 de febrero y uno de los principales acuerdos fue declarar en estado de emergencia a las provincias de La Libertad de Trujillo y Pataz.
En Trujillo “el control del orden interno (estará) a cargo de la Policía Nacional de Perú (PNP), con el apoyo de las Fuerzas Armadas (FF. AA.)”, mientras que en Pataz a cargo de las FF. AA., explicaba el premier Alberto Otárola Peñaranda en el exterior de palacio de gobierno.
El diagnóstico de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) se centra en indicadores preocupantes, como los que ha señalado BuenaPepa en informes sobre la criminalidad.
La Libertad sitiada
“El año pasado ha habido más de 30 mil delitos en Trujillo, 11 mil hurtos y robos en toda la provincia (…) Este 2024 se produce casi una muerte por día. En consecuencia, existen una serie de bandas y organizaciones criminales que vienen haciendo daño especialmente a las zonas más densas y pobladas: Trujillo, La Esperanza, El Porvenir, Florencia de Mora, etc.”, precisó Otárola.
La medida buscará hacer frente a delitos del crimen organizado como homicidios por encargo (sicariato), extorsiones, asaltos a mano armada, tráfico de armas y minería ilegal.
“Por eso, se ha tomado la decisión, por el tiempo de 60 días, declarar en emergencia toda la provincia de Trujillo con todos sus distritos (…) para que (la PNP y las FF. AA.) conjuntamente con las autoridades regionales y locales puedan hacer frente a esta ola delincuencial”, agregó.
El premier también explicó que en Trujillo y Pataz quedarán suspendida la atención en locales comerciales, eventos sociales y espectáculos desde las cero horas hasta las cuatro de la mañana, “hasta controlar definitivamente a esta ola delincuencial”.
Pataz, otra capital del delito
“En Pataz, hemos visto con estupor cómo se ha registrado el sabotaje a torres de alta tensión, atentados con dinamita, crecimiento descontrolado de la minería ilegal. Enfrentamos a más de 20 bandas organizadas (…) Lo que hemos encontrado es la peor expresión respecto a lo que puede pensarse acerca de la seguridad ciudadana: extorsiones, explotación laboral, explotación sexual, proxenetismo, tráfico de armas, tráfico de insumos químicos”, describió Otárola.
En lo que va del año, La Libertad registra 53 asesinatos en manos de sicarios, el 90% aún sin revolverse. El especialista en seguridad ciudadana, Roger Torres Mendoza, explicó a BuenaPepa que el Ministerio Público también debe sumarse para garantizar el respeto del marco constitucional y no se cometan abusos.
