El Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Trujillo es uno de los nueve Centros Juveniles que se encuentran en el Perú.
Están bajo la administración de la Gerencia de Centros Juveniles del Poder Judicial, a través del Ministerio de Justicia, la cual se encarga de rehabilitar y reinsertar a la sociedad a los adolescentes en conflicto con la ley penal mediante diferentes actividades psicopedagógicas orientadas al desarrollo personal y profesional de los adolescentes, explican los investigadores Carlos Angulo y Ana Venegas.
Por otro lado, el Estado peruano señala que “la administración de los centros juveniles de diagnóstico y rehabilitación del país, a cargo del Poder Ejecutivo, permite fortalecer una política efectiva de reinserción del adolescente infractor por medio de la mejora de los niveles de tratamiento, la atención especializada y la mejor ejecución de las medidas socioeducativas”.
Sin embargo, todo es utopía sobre manuales estériles: la ex Floresta de Trujillo es una calamidad por la sobrepoblación y la falta de seguridad, déficit de personal técnico y educadores.
Así lo comprobó la Defensoría del Pueblo, en una inspección motivada por la fuga de nueve internos de este reclusorio, la noche del 17 de marzo. A continuación el detalle de la problemática identificada.
Sobrepoblación
El centro fue construido con capacidad para 90 adolescentes; actualmente, cuenta con 163 internados (un buen porcentaje son mayores de edad) por lo que su capacidad es superada en 60%.
Esta sobrepoblación, según la Defensoría del Pueblo, “ha generado condiciones precarias que afectan el estado emocional de los jóvenes, incrementando el riesgo de conflictos, motines y fugas que comprometen su integridad, la seguridad del personal y la tranquilidad de la población”.
Déficit de personal
Otro serio problema es la reducción significativa en el personal técnico, de seguridad y educadores sociales desde diciembre de 2023. Esta disminución, “ha impactado negativamente en la atención y seguimiento de los adolescentes, así como en la ejecución de programas educativos y de reinserción social, incumpliéndose los objetivos del Programa Nacional de Centros Juveniles (PRONACEJ)”, explicó la Defensoría.
Falta de suministros
También se identificó la carencia de colchones, el suministro insuficiente de medicamentos básicos y la carencia de medidas de seguridad adecuadas, como el cerco perimétrico y/o concertinas.
La recomendaciones
La Defensoría del Pueblo tampoco encontró resultados de la investigación sobre la reciente fuga, por lo que el jefe de la Oficina Defensorial de La Libertad, William León Huertas, recomendó, con urgencia, “evaluar el caso de la fuga, para el deslinde de responsabilidades. Asimismo, a realizar gestiones inmediatas para atender las necesidades básicas de los jóvenes”.
