A 81 se elevaron las víctimas mortales en la guerra desatada por el crimen organizado en La Libertad. Este preocupante dato coloca a esta región como una de las violentas del país, situación que no se ha pedido erradicar con la declaratoria de emergencia por inseguridad ciudadana, el 14 de febrero.
La Libertad y el crimen organizado
En menos de 24 horas se reportaron dos crímenes. El primero de ellos tuvo lugar en la noche del viernes 22 de marzo en Los Claveles, un sector del centro poblado El Milagro, en el distrito de Huanchaco. Celso Aguirre Palacios (48) fue víctima de un ataque a balazos por parte de individuos que se desplazaban en una motocicleta.
El segundo suceso ocurrió al día siguiente, sábado 23 de marzo, en el centro poblado de Calunga, en el distrito y provincia de Virú. En esta ocasión, Jhon Salinas Morales (42) fue hallado sin vida cerca de la bocatoma Carmelo, con un impacto de bala en la cabeza. Ambos casos están siendo investigados por el Ministerio Público y las autoridades policiales.
Ante esta situación, los ciudadanos claman por respuestas efectivas por parte de las autoridades para esclarecer los hechos y garantizar la seguridad en la región.
La Policía Nacional asegura tomar todas las medidas necesarias para dar con los responsables y ha instado a la ciudadanía a colaborar proporcionando cualquier información sobre su paradero.
“El compromiso del Ejecutivo con nuestra región es sólido. Actualmente, contamos con 360 efectivos desplazados desde Lima, y pronto se completará la cifra a 500. Es crucial que estos agentes permanezcan de manera permanente en Trujillo para consolidar nuestros logros en la seguridad pública”, declaró el gobernador César Acuña Peralta.
Lucha desigual
Sin embargo, las barreras persisten. La asignación presupuestaria destinada a la seguridad ciudadana en La Libertad es una de las más bajas a nivel nacional, con solo S/ 111 por habitante.
Esta limitación financiera dificulta la implementación de estrategias efectivas para combatir la criminalidad en la región, colocándola en una posición desventajosa en comparación con otras jurisdicciones.
Trujillo, Pacasmayo y Virú se destacan como las provincias más afectadas por la ola de violencia, con crímenes que van desde el macabro hallazgo de un empresario mutilado hasta ataques explosivos en terminales de autobuses y asesinatos perpetrados a plena luz del día.
