Inicio¡Qué Palta!DenunciaAcusan a funcionarios de direccionar canastas que eran para damnificados por huaicos

Acusan a funcionarios de direccionar canastas que eran para damnificados por huaicos

Denuncia fue presentada en Fiscalía Anticorrupción en contra de tres trabajadores de confianza del gobernador César Acuña y el alcalde de El Porvenir Juan Carranza. Aquí los detalles de la acusación y el descargo de uno de los implicados.

Tres funcionarios —uno del Gobierno Regional y dos de la Municipalidad Distrital de El Porvenir— fueron denunciados ante el Ministerio Público por presuntamente haber direccionado víveres que debieron ser entregados a los damnificados por los huaicos.

Se trata de la gerenta de Desarrollo e Inclusión Social de la Región, Vanessa Blas Villar; el subgerente de Defensa Civil y la gerenta de Desarrollo Social de El Porvenir, Diego Díaz Cueva y Kelly Chávez Coronel, respectivamente, y los que resulten responsables.

Según consta en la acusación presentada a la Fiscalía, los tres funcionarios, quienes son allegados al gobernador César Acuña Peralta y el alcalde distrital Juan Carranza Ventura, fueron denunciados por el delito de peculado, que no es otra cosa que apropiarse de bienes o recursos del Estado que reciben o administran en su calidad de servidores públicos.

Cientos de familias resultaron damnificadas por huaicos en El Porvenir.
Huaicos del 10 de marzo afectó varios sectores de El Porvenir.

Víveres en disputa

En el documento, que obra en poder del fiscal César Gustavo Carrillo, coordinador de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de La Libertad, se detalla que el jefe de Defensa Civil de El Porvenir, Diego Díaz Cueva, recibió un lote de alimentos que debió entregar a las familias damnificadas por los huaicos que afectaron su distrito durante el mes de marzo.

Sin embargo, en la denuncia se precisa que este funcionario, con el aval de las gerencias de Desarrollo Social de El Porvenir y el Gobierno Regional, habría desviado los víveres para otro propósito. Estos habrían sido distribuidos en una actividad dirigida a las organizaciones sociales de base, que las integran, en su mayoría, militantes de Alianza Para el Progreso (APP), partido que gobierna El Porvenir y la región La Libertad.

El evento se desarrolló el 17 de mayo en el Polideportivo Inca Roca del distrito zapatero y participaron unas dos mil mujeres de las diversas organizaciones sociales de la provincia de Trujillo. La actividad contó con números artísticos y musicales y se repartieron canastas para las asistentes.

Esta fotografía se adjuntó en la denuncia a Fiscalía, sobre el presunto direccionamiento de canastas.

“Estos alimentos, destinados para ayuda humanitaria de los damnificados por huaicos, fueron tomados del almacén de Defensa Civil de El Porvenir, a solicitud de la Gerencia de Desarrollo Social de la comuna local”, se lee en la denuncia.

Además, se informó a la Fiscalía que el evento, denominado Encuentro de líderes sociales, tuvo un trasfondo político, pues fue decorado con toldos que llevaban los colores representativos del partido de APP (rojo, azul y blanco), como se aprecia en las imágenes que fueron entregadas al Ministerio Público.

¿Acuña llega y se va?

Horas después de iniciado el evento, César Acuña Peralta, fundador de APP, llegó acompañado del alcalde Juan Carranza Ventura. Sin embargo, el denunciante refirió al fiscal anticorrupción que el gobernador de La Libertad se retiró incómodo tras enterarse de que los víveres donados a las asistentes habrían sido tomados del almacén de Defensa Civil.

Luego de este incidente, las fotos que se publicaron y la transmisión en vivo del evento fueron eliminados de las redes sociales, como también se detalla en la denuncia.

Niega grave denuncia

Buenapepa contactó vía telefónica con el subgerente de Defensa Civil de la comuna El Porvenir, Diego Díaz Cueva, quien dijo estar enterado de la denuncia en su contra; aunque negó que los víveres donados por el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) hayan tenido un fin proselitista.

“Sí hubo una actividad con las organizaciones sociales de base, no sé si lo organizó el Gobierno Regional o la municipalidad, pero puedo asegurar que los bienes que están bajo mi persona estuvieron a buen recaudo, no se han distribuido en esa actividad”.

Aclaró que las canastas que se entregaron en el Polideportivo Inca Roca no son las destinadas a los damnificados del huaico del 10 de marzo que azotó Trujillo.

“Nosotros recibimos 550 kits de limpieza, 550 kits de víveres, 550 de salud de parte del COER. Los kits de limpieza y productos de primera necesidad llegaron embolsados, con precintos. Lo único que se tenía que embolsar era el arroz. Hemos terminado de repartir esos kits el día de hoy y la distribución fue siguiendo un empadronamiento”, justificó Díaz Cueva a Buenapepa.

Este medio trató de contactar con las gerentas de Desarrollo Social del Gobierno Regional y de la municipalidad de El Porvenir, a fin de conocer la procedencia de las canastas repartidas a las mujeres de las organizaciones sociales de base, pero no tuvo éxito.

Puedo asegurar que los bienes que están bajo mi persona estuvieron a buen recaudo, no se han distribuido en esa actividad.

Diego Díaz Cueva, subgerente de Defensa Civil de El Porvenir

Un mal enquistado

Según el Sistema Nacional Especializado de Delitos de Corrupción de Funcionarios, en los años prepandemia, entre el 2014 y 2017, el delito de peculado ocupó el segundo lugar en número de procesos penales con el 30,9 % (2696 casos); solo fue superado por el delito de cohecho con 33,5 % (2918 casos). Similares datos se obtienen en los registros del Ministerio Público, que entre los años 2016 y 2018, que ubican al delito de peculado con el 36,3 % (6652 casos).

El Código Penal establece que “el funcionario o servidor público que se apropia o utiliza, en cualquier forma, para sí o para otro, caudales o efectos cuya percepción, administración o custodia le estén confiados por razón de su cargo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años; inhabilitación en cargos públicos de cinco a veinte años, y, con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días multa”.

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