El Gobierno entregará 40 000 soles (unos 10.800 dólares) a los familiares de cada una de las personas fallecidas durante las protestas ocurridas entre el 1 y el 6 de abril pasado, según determinó un decreto de urgencia, que no detalla el número de muertos.
Esas manifestaciones, que fueron convocadas por transportistas, agricultores y ganaderos como medida de reclamo contra el alza de precios de los combustibles y de los productos básicos, se desarrollaron con mayor fuerza en las regiones de Huánuco, Ica y Junín.
En Ica, falleció una persona; otra en Huánuco, mientras que dos más murieron por accidentes de tránsito y un adolescente se ahogó tras caer a un río en Huancayo, la capital de Junín, y un maestro murió al no poder asistir a su diálisis por el bloqueo de las vías.
La decisión del Ejecutivo fue oficializada mediante un decreto publicado en el diario El Peruano, que detalló que la medida se tomó tras recibir un informe del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (Inabif).
En ese informe se identificó la “situación de vulnerabilidad socioeconómica y urgencia social” en la que se encuentran las familias de las víctimas, mientras que el decreto precisó que “el apoyo económico no tiene naturaleza resarcitoria ni reparatoria”.
“Tampoco tiene implicancia en la determinación de eventuales responsabilidades administrativas, civiles y/o penales por los fallecimientos ocurridos en el marco de las movilizaciones realizadas entre el 1 y el 6 de abril de 2022”, remarcó.
La norma tendrá vigencia hasta el próximo 31 de diciembre y los beneficiarios serán identificados por un grupo de trabajo multisectorial, mediante una lista que deberá ser aprobada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que será responsable de su cumplimiento.
En diciembre de 2021 se aprobó la autorización de una entrega económica similar a los familiares de otras personas fallecidas en movilizaciones que se presentaron en noviembre y diciembre de 2020, además de un apoyo económico a los heridos de gravedad en esas protestas.