El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), defensor de víctimas de violaciones de derechos humanos, ha instado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) a declarar en desacato a Perú. Esto surge en respuesta a la reciente liberación del expresidente Alberto Fujimori, condenado por casos de matanzas en La Cantuta y Barrios Altos.
Florencia Reggiardo, directora adjunta del Programa para la Región Andina, Norteamérica y el Caribe de Cejil, expresó: “Esperamos que la Corte Interamericana adopte una decisión, que declare en desatado al Estado peruano y que sea puesto en conocimiento de la Asamblea General de la OEA. Eso está en el mandato de la Corte y ya lo ha hecho con Nicaragua y Venezuela».

Fujmori, en el ojo de la tormenta
Cejil ha enviado una solicitud a la CorteIDH para que convoque a una audiencia de medidas urgentes. En esta audiencia, buscan que el Estado peruano brinde explicaciones y se escuche a las víctimas de los casos mencionados. El plazo otorgado por la CorteIDH al Estado para presentar información por escrito vence este jueves.
Reggiardo subrayó la preocupación de Cejil por la supuesta violación de Perú a sus obligaciones internacionales y al derecho al acceso a la justicia de las víctimas. Destacó que la situación es inusual y comparable a los casos de Nicaragua y Venezuela, donde se ha observado un prolongado incumplimiento de las decisiones internacionales.

Cabe recordar que en 2018 y 2022, Perú acató disposiciones de la CorteIDH que le instaban a abstenerse de liberar a Fujimori. Sin embargo, el miércoles pasado, el expresidente de 85 años fue liberado en cumplimiento de una orden del Tribunal Constitucional, a pesar de la advertencia previa de la CorteIDH.

El Gobierno peruano, por su parte, emitió un comunicado ratificando su adhesión a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y señalando que acataron una sentencia del Tribunal Constitucional. La situación ha generado tensiones entre el poder judicial y las instituciones defensoras de derechos humanos, planteando interrogantes sobre el respeto a las decisiones internacionales en materia de derechos humanos.