En un revuelo que sacude el sector público, la Contraloría General ha destapado un caso de presuntas malversaciones en el Fondo Mivivienda SA, en el que que identificaron 26 altos directivos, funcionarios y empleados de esta entidad estatal, involucrados en un controvertido acuerdo con la empresa inmobiliaria Markagroup SAC y sus subsidiarias. Este acuerdo habría permitido a la firma actuar como Entidad Prestamista No Supervisada (EPNS), facilitando créditos hipotecarios a familias en busca de viviendas, en proyectos registrados en el Programa Techo Propio.
Según el Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 003-2023-2-4733-AC, se descubrió que el Comité de Riesgos del Fondo Mivivienda SA se arrojó de manera indebida la firma del convenio con Markagroup, una tarea que correspondía a la Gerencia General según las normativas internas.
Además, el acuerdo se realizó sin que la empresa beneficiaria cumpliera con los requisitos esenciales, como presentar estados financieros auditados, declarar el origen de los fondos destinados a los créditos y demostrar la presencia de un oficial de cumplimiento corporativo registrado ante la SBS.
Este inapropiado acuerdo, rubricado el 19 de octubre de 2021, otorgó a Markagroup la participación en seis proyectos inmobiliarios del Programa Techo Propio, con una inversión total de S/ 277 millones 113 mil 901. No obstante, lo que realmente ha levantado sospechas es la reducción del aporte que se le exigía realizar a la empresa privada y sus subsidiarias en cuatro de los proyectos, pasando del 25% al 15% de la inversión total.
Esta reducción, alegadamente condicionada por la firma de una fianza solidaria por parte de la accionista mayoritaria, ha dejado a la empresa con un beneficio adicional de S/ 33 millones 172 mil 915.
Una sombra aún más preocupante cae sobre la Supervisora de Fideicomisos del Fondo Mivivienda SA, quien aparentemente podría tener el desembolso de S/ 33 millones 985 mil 565 a las subsidiarias de Markagroup, sin que estas hayan cumplido con entregar las viviendas de interés social correspondientes. Estas acciones han causado un perjuicio económico, con Bonos Familiares Habitacionales desembolsados y ahorros de Grupos Familiares sin viviendas entregadas.
Además, se han revelado deficiencias en la gestión y control interno del Fondo Mivivienda SA El informe señala la falta de documentación original para los contratos de fideicomiso de los proyectos inmobiliarios, así como la ausencia de firmas clave en los archivos digitales proporcionados.
En respuesta a estas conclusiones, el informe ha sido entregado a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, con el objetivo de tomar medidas legales y civiles contra los involucrados. Este escándalo pone de manifiesto la necesidad de una mayor transparencia y supervisión en las instituciones públicas para prevenir y abordar posibles actos de corrupción.
