La sierra de La Libertad es un polvorín. Y no es exagerado señalar que empieza a parecerse a esa zona de la selva del Perú — el Vraem— donde la minería ilegal ha configurado una jurisdicción sin ley, en la que campean todos los vicios, todos los delitos.
Uno de los últimos hechos que reafirma el peligro en el ande liberteño es el enfrentamiento ocurrido en Pataz, durante la noche del 3 de agosto, cuando bandas organizadas se enfrentaron por la disputa de un terreno y murieron unas diez personas, según reporte de las autoridades. Otro de los lugares tomados por la delincuencia es el emblemático cerro El Toro, en Huamachuco, y el caserío de Lajón en Otuzco. “Desde hace 5 años, se han enquistado organizaciones criminales debido al auge de la minería. Evidentemente, todo esto ha generado tráfico de armas, trata de personas, extorsiones, sicariato, entre otros”, dijo el jefe de la Tercera Región Policial de La Libertad, Augusto Ríos Tiravanti.
Las autoridades de La Libertad consideran que la manera de restablecer el estado de derecho en estas localidades es con una declaratoria de emergencia. Por este motivo, el lunes 8 de agosto, en su visita a Trujillo, el ministro del Interior, Willy Huertas Olivas, recibió información sobre el despliegue de la delincuencia organizada en el ande de la región.
El gobernador Manuel Llempén Coronel dijo que Huertas entendió que debe acordarse la declaratoria de emergencia por seguridad para toda la región. “Hemos conversado sobre qué es lo que debe hacer y su respuesta ha sido positiva. Va apoyar la lucha contra la inseguridad y presentará al Consejo de Ministros el pedido de declaratoria de emergencia para toda la región”, contó Llempén en una nota de prensa divulgada por el Gobierno Regional de La Libertad.
El gobernador regional, también, planteó medidas de impacto con intervención de grupos especializados del orden y un plan operativo para cada uno de los temas donde la delincuencia se incrementó: minería ilegal, extorsiones, sicariato, tráfico de tierras, tráfico de drogas, prostitución y violencia familiar.
Buenapepa ha solicitado a Llempén una entrevista para que explique al detalle la información que compartió con el ministro, pero ha sido negada.
El camino
El ministro Huertas debió presentar el miércoles 10 de agosto, en el consejo de ministro, el pedido de declaratoria, sin embargo, no se ha ofrecido información al respecto. Buenapepa consultó con fuentes del Gobierno Regional de La Libertad y de la Tercera Región de la Policía Nacional del Perú (sede La Libertad), instituciones directamente interesadas en esta situación, pero informaron que saben nada.
El abogado constitucionalista Carlos Talledo Manrique considera que reducir la delincuencia requiere algo más que varias declaratorias de emergencia. “Hemos visto que este tipo de regímenes extraordinarios no frena los altos niveles de criminalidad. Es un distractor y una forma de autoengañarse, salvo que se cuente con medidas paralelas y alternativas, correctivas y disuasivas ideadas para combatir cada tipo de delito. Además, las autoridades no tienen el apoyo del gobierno central; por estas y muchas más razones, considero que es un esfuerzo infructífero”, explicó.
Esta sería la tercera vez en que la región liberteña adopta una medida de naturaleza excepcional ante la ascendente cifra en homicidios, extorsiones, minería ilegal, feminicidio, tráfico de tierra, comercialización de drogas y trata de mujeres.
Uno de los últimos hechos que reafirma el peligro en el ande liberteño es el enfrentamiento ocurrido en Pataz, durante la noche del 3 de agosto, cuando bandas organizadas se enfrentaron por la disputa de un terreno y murieron unas diez personas.
La primera vez en que se declaró a las provincias de Trujillo, Pacasmayo, Chepén, Virú y Ascope en estado de emergencia fue el 26 de marzo del 2022. Debido a que se incrementó la delincuencia, nuevamente se aplicó la misma medida el 11 de mayo.
Ante ello, el abogado Luis Miguel Saldaña Monzón considera necesario que se aplique nuevamente la medida debido a que varias organizaciones criminales deben ser desarticuladas, y muchas deficiencias abundan en el cuerpo policial.
Por otro lado, el jefe de la Tercera Región Policial de La Libertad, Augusto Ríos Tiravanti, sustentó que reforzarán estrategias aun cuando el pedido de declaratoria de emergencia continúe siendo evaluado.
Detalló que el estado de emergencia permitiría reforzar las medidas de inteligencia operativa. “Desarticular una organización criminal no es lo mismo que desarticular una banda. De hecho, se necesita una mayor cantidad de policías, incluso, apoyo del Ejército”, sugirió.
Nuevas medidas sobre barreras
Hasta el momento, la Policía Nacional del Perú ha desarticulado 161 bandas, de las cuales 40 fueron durante el estado de emergencia. La mayoría de ellas, se dedican al hurto, minería ilegal, crimen organizado y tráfico de armas. Además, tras un análisis de los resultados, se determinó que los distritos que registran la mayor cantidad de intervenciones policiales continúan siendo La Esperanza, El Porvenir y Víctor Larco.
Por otro lado, hasta en julio, solo se ha desarticulado 1 organización criminal dedicada al tráfico ilícito de drogar. Además, se han reportado 140 homicidios, de los cuales solo 35 fueron esclarecidos por la PNP.
“Se necesita intervenir con una fuerza operacional de doscientes a trescientos policías. Lamentablemente, en algunas dependencias policiales, como en Pataz, no hay ni cincuenta agentes por el tamaño del local. Entonces, estamos gestionando -así no haya estado de emergencia- el acceso a nuevos locales, que puedan albergar a más policías. De esta manera, aumentaría la fuerza operacional para combatir la minería ilegal, el tráfico ilegal y la trata de personas que tanto caracteriza a la zona”, detalló el general Ríos Tiravanti.
