El 2021 cerró con 189 asesinatos y solo dos fueron resueltos por la Policía. Tendencia se mantiene este inicio de año. Matar en esta parte del Perú no se castiga.
“Yo estaba adentro de la casa con mi hija. Escuché los disparos y fue ahí que salí. Mi hijito estaba todo ensangrentado en el suelo”. Yeraldine Aguirre se ahoga al recordar ese trágico 4 de diciembre. La noche de ese sábado, su hijo Liams jugaba en el interior de su vivienda de la cuadra 7 de la calle San Andrés, en Miramar, distrito de Moche, en el norte del Perú. El menor cogió su chompa y apuraba a Ángel, su padre, para ir a la bodega.
– Ya, papá, ¡avanza!.
– Ya, hijito, ya voy.
Ángel escuchó a unos hombres afuera. Sin entender qué pasaba, abrió la puerta y se topó con unos sujetos que, según algunas versiones, lo buscaban a él. Eran dos a bordo de una moto. Al ver que uno de ellos empuñaba un arma, cerró la puerta y trató de ponerse a salvo. El sicario abrió fuego contra la fachada de la casa. Las balas rompieron la ventana y atravesaron la puerta de madera, hiriéndolo en el pie y alcanzando a su hijo.
Liams era un niño alegre y juguetón de apenas 5 años. Aquella noche vestía de blanco. Cuatro disparos le perforaron el pecho y cuello. Su cuerpecito quedó tendido en el piso, mientras su madre gritaba por ayuda. Su padre, herido de bala, lo cargó como pudo y con ayuda de otros familiares lo llevó al hospital Cruz Vilca, ubicado a menos de cinco minutos de su casa. Pero ya era tarde. Con la hemorragia incontrolable al pequeño se le fue la vida.
A dos meses de esta tragedia, la familia y los vecinos de Miramar reclaman justicia. Una justicia que tarda y que en muchos casos no llega. Los deudos no quieren que este despiadado ataque engrose las frías estadísticas que confirman que en La Libertad el 99 % de crímenes quedan impunes y que quienes los cometen no rinden cuentas. Matar en esta parte del Perú no se castiga.
“Justicia. Pido justicia. El era un niño inocente que no hizo nada malo a nadie. Era alegre, amigable con todos. Jugaba con los niños del barrio. Le gustaba bailar, hacer sus tareas, me ayudaba en casa. Quiero justicia para mi hijo. Esto no puede quedar así”, repite Yeraldine con un dolor que no tiene nombre, pero que congela.
Como en el viejo Oeste
En La Libertad campea el crimen organizado. Y no se trata de una adjetivación hiperbólica. Es una temible realidad. En la sesión descentralizada de la comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso, celebrada en Trujillo el pasado miércoles 8 de febrero, se contabilizaron 34 homicidios en este inicio de año en la región —20 de estos cometidos en la capital liberteña—; más del doble de las anotadas por el Comité Regional de Seguridad Ciudadana (Coresec) en los dos primeros meses del 2021 (15).
En total, durante el año que pasó, la Policía enumeró 204 asesinatos, aunque para el Coresec La Libertad fueron 189. Si esto ya es una señal de alarma, lo que sigue es más escandaloso: solo dos homicidios fueron resueltos por la Justicia. Dos. El resto de casos se empolva en anaqueles de la Policía y el Ministerio Público.
Según recoge La Industria, el 99,9 % de estos crímenes han sido perpetrados con pistolas de 9 milímetros, cuya procedencia se desconoce. Esto debido a que las bandas criminales en los últimos años acceden con facilidad a armas de fuego de diferente calibre, algunas de largo alcance, sin que se pueda establecer de dónde ni cómo las obtienen, ni quiénes son sus proveedores.
Mapa del delito
Trujillo, con una población de poco más de un millón de habitantes, es la provincia con más homicidios durante el 2021: 97 en total. Otras provincias como Virú (21), Pacasmayo (17), Otuzco (16), Chepén (11), Pataz (9), Ascope (7), Gran Chimú (4), Santiago de Chuco (3), Sánchez Carrión (3), y Julcán (1), reflejan una tendencia al crecimiento de este tipo de delitos, situación que eleva la percepción de inseguridad en la región. Solo Bolívar, zona andina olvidada por todos, incluso por el crimen organizado, no registra muertos por hechos de sangre.
Cifra de homicidios enero a diciembre 2021 en La Libertad
Para la División de Investigación Criminal (Divincri), la mayoría de estos ataques se consumaron por ajuste de cuentas. Otros, en considerable medida, se perpetraron por venganza, robo agravado, peleas callejeras, feminicidios, connotación pasional, violación sexual. También hay víctimas mortales a consecuencia de la minería ilegal, actividad en la que las bandas trujillanas lucran a costa de sangre y plomo.
Esta es la aspaventosa actualidad de una de las regiones más pujantes del país, pero en la que la alta incidencia delictiva ahuyenta la inversión privada, limita la prosperidad, estanca el desarrollo económico sostenible, la generación de puestos de trabajos, así como el incremento del turismo.
¿A qué se debe el alto grado de impunidad? El general PNP Carlos Céspedes Muñoz —quien tuvo un paso intrascendente por esta región antes de ser cambiado a inicios de febrero— preparó una explicación para salir del paso: “Todos los casos están en proceso de investigación, son reservados y no se pueden dar más detalles”. Es sabido que las indagaciones criminales se manejan bajo siete llaves, pero la premisa del alto oficial sabe más a excusa que a argumento.
La mayoría de estos ataques se consumaron por ajuste de cuentas. Otros se perpetraron por venganza, robo agravado, peleas callejeras, feminicidios, connotación pasional, violación sexual.
Róger Torres Mendoza, coronel (r) conoce el monstruo por dentro. Se desempeñó en el mismo cargo que Carlos Céspedes en 2012 y 2013, años en los que se contuvo el avance de las bandas organizadas en la periferia trujillana. Su teoría no es nueva pero sí trascendente. Cobra mucha fuerza, sobre todo con 223 asesinatos desde el 2021 en plena pandemia. “Está fallando la decisión de los operadores de justicia. Fundamentalmente se requieren equipos de investigación para Trujillo, es lo que siempre han pedido las autoridades, pero no los escuchan”.
Aunque cuestionó la sensible falta de agentes policiales —La Libertad tiene unos 5 mil efectivos para un millón 800 mil habitantes— puso en tela de juicio su preparación para combatir el crimen. Esta es una de las principales razones por las que existe un nivel de impunidad que se acerca escandalosamente al 100 %. “Siempre han faltado policías, pero también se necesita más calidad que cantidad. Con esto me refiero a más equipos de investigación, inteligencia, unidades especializadas que permanezcan en Trujillo, no solo que vengan por temporadas. Se requiere la permanencia de un trabajo sostenido. Eso ha influido para que la delincuencia sobrepase la operatividad policial y en la desconfianza de la gente”.
Los motivos
La incapacidad de la PNP para resolver los crímenes tiene múltiples explicaciones, las cuales incluyen desde la idoneidad del personal, falta de preparación, descoordinación con el Ministerio Público, dejadez, desconfianza y hasta celos profesionales. En en Gobierno y Políticas Públicas en la Pontificia Universidad Católica del Perú, Carlos Rivera Rojas y Luis Flores Solís estudiaron la criminalidad en Trujillo y en sus conclusiones señalaron que la desconfianza entre policías y fiscales, y entre los mismos policías afecta de manera significativa en desarrollo de las pesquisas para resolver fechorías.
De esta manera, los policías de investigaciones dudan del colega que recoge información en la escena del crimen. Además, los fiscales no confían en los policías por las recurrentes fugas de información. Por su parte los efectivos también dudan de la capacidad profesional de los fiscales, en la conducción de la investigación. “Los celos profesionales entre policías y fiscales, afecta negativamente el desarrollo de las investigaciones contra el crimen organizado”, señala el estudio.
Desde que se implementó el Nuevo Código Procesal en Trujillo en el 2006, la relación policía-fiscal se agrietó más. La norma eleva al fiscal a la conducción de la investigación, y el personal policial —algunos miembros con altísima experiencia— es relegado. Muchos agentes trabajaban con la sensación de que el fiscal usurpa sus funciones.
Rivera y Flores añaden que una de las grandes falencias en la obtención de mejores resultados en la lucha contra la delincuencia es la participación de personal no capacitado, especialmente, en el recojo de evidencias con la consecuente contaminación o daño de las mismas, lo que está directamente relacionado con la falta de idoneidad de algunos efectivos, lo que alimenta la desconfianza del fiscal. “Por otro lado, las deficiencias en la formación y capacitación del personal afectan directamente en la formulación de documentos, las mismas que constituyen parte de las pruebas en el proceso de juzgamiento y de mucha trascendencia para los actores del proceso judicial”.
Por su parte, la abogada Gisela Rivera Collazos señala que la negligencia y dejadez son los principales motivos que explican la ineficacia de los miembros de la Policía en la investigación de delitos. En el estudio que realizó en la Universidad de Huánuco, entrevistó a veinte fiscales y revisó unos 110 casos en los que halló graves deficiencias en la actuación de los efectivos policiales, las mismas que se explican en su poca preparación y, en especial, en su falta de compromiso con la función de la PNP.
Asimismo, Ángel Toledo Palomino estudió los procesos de investigación criminal y concluyó que existe déficit de especialistas en inteligencia operativa, debido a la permanente rotación del personal y a la inadecuada capacitación y especialización, lo que conlleva a investigaciones inapropiadas y al debilitamiento de la PNP para luchar contra la delincuencia común y organizada.
La incapacidad de la PNP para resolver los crímenes tiene múltiples explicaciones, incluyen la falta de preparación, descoordinación con el Ministerio Público, y hasta celos profesionales.
Tormenta que preocupa
Esta última observación también se detalla en el Plan operativo Tormenta, elaborado por el Coresec La Libertad y validado por el Ministerio del Interior en el tercer trimestre 2021, que tiene por finalidad “disminuir los altos niveles de incidencia delictiva en la región, durante el 2022, a través del impulso de un trabajo articulado entre los operadores de justicia (PNP, Fiscalía, Poder Judicial, INPE), municipalidades y sociedad civil organizada”.
Este plan, entre otras cosas, apuesta por el fortalecimiento de las unidades de inteligencia, investigación criminal, grupo Terna, entre otras acciones necesarias y urgentes. Pero ninguna política pública es ni será efectiva si no se sostiene en el tiempo. Trece ministros del Interior desde el 2020 —algunos con cuatro días en el cargo, como Gastón Rodríguez, en el mandato de Manuel Merino; o Cluber Aliaga, con solo cinco días en esa cartera con Sagasti como jefe de Estado— solo nos recuerdan que estamos perdiendo la batalla ante el hampa organizada.
Desde su tribuna, César Campaña Aleman, gerente regional de Defensa Nacional y secretario técnico del Coresec, sabe que los continuos cambios en el más alto nivel del Gobierno solo envalentonan a los que viven al margen de la ley. Junto al gobernador Manuel Llempén, el alcalde de Trujillo José Ruiz, y el hasta hace poco jefe policial Carlos Céspedes, sostuvieron una reunión con el exministro del Interior de Pedro Castillo, Avelino Guillén. Le plantearon la continuidad del general Carlos Céspedes al frente de la Policía en La Libertad, petición que no fue escuchada.
“Los años más exitosos en la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia común han sido durante el 2014 y 2015, con la presencia del general César Gentille. Coincidentemente esta fue la única vez en la que un jefe policial ha tenido dos años trabajando en la misma región. Cuando son sostenibles las políticas para ejecutar trabajos los resultados se dan. Ahora el general Céspedes ya conoce cuáles son las bandas que operan en la región, conoce el modus operandi, y cuando ya agarró el hilo de la madeja lo rotan”, se lamenta César Campaña. Para completar su sorpresa, Avelino Guillén también salió por la puerta falsa del sector Interior y una vez, como tantas otras veces, se debilitaron las propuestas para enfrentar la ola criminal en la región.
“De qué políticas de seguridad ciudadana hablamos si cuando recién se están sentando los nuevos generales de la Policía ya rotan o cambian de ministros. Eso le hace daño al trabajo en esta materia”, continúa. Y eso también responde el porqué solo dos de 204 delitos en La Libertad tienen a sus autores tras las rejas.
