Mañana lunes empieza una protesta de transportistas en Trujillo. Será un acontecimiento distinto por muchas razones, entre ellas, la pandemia y, en especial, la declaración de emergencia que se vive en Trujillo, mediante la cual se suspendieron derechos constitucionales como el libre tránsito, la inviolabilidad de domicilios, la libertad de reunión y libertad y seguridad personales.
Los gremios de buses, combis, taxis, colectivos y otras unidades de transporte público de la provincia de Trujillo informaron que su protesta se debe al alza de combustibles y la necesidad de que el Gobierno central ejecute acciones para frenar el incremento.
Buenapepa conversó con algunos juristas para que respondan sobre la pertinencia o ilegalidad de una protesta en esta condiciones. Para el abogado constitucionalista Carlos Talledo Manrique es impertinente la medida de fuerza, ya que los sindicalistas podrían salir afectados judicialmente al desacatar lo dictaminado en el decreto supremo Nº 027–2022–PCM, que formaliza el estado de emergencia en cinco provincias de La Libertad.
“Considero contraproducente realizar paros y bloquear carreteras. Lo que se conseguiría son mayores conflictos, porque está constitucionalmente prohibido hacer este tipo de manifestaciones en un estado de emergencia. Entonces, fácilmente las autoridades gubernamentales pueden pedir a las Fuerzas Armadas y policiales custodiar y aplicar sus facultades; incluso los sindicalistas podrían caer presos”, comentó.
En efecto, según el último reporte de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías y la Policía Nacional del Perú, el paro de transportes de carga, que se levantó ayer, dejó más de 30 vías bloqueadas a nivel nacional, lo que ha generado la necesidad de vender productos en las mismas carreteras. “Cuando se realiza bloqueos de carreteras, se impide el libre tránsito, se genera el desabastecimiento de una ciudad, y se daña la estabilidad de terceros. Uno puede protestar y es válido, pero sin vulnerar los derechos de otros. En este caso y más en estado de emergencia, puede intervenir tanto la Policía como las Fuerzas Armadas. Hay que tener cuidado con eso, ya que puede traer consecuencias graves”, agregó Carlos Talledo.
Motivos externos
A esto se suma, la opinión del abogado Rusel Carbajal Sangama, quien considera que la causa del paro se debe a la inestabilidad tanto en territorio peruano como en el extranjero. “En parte, esta subida de precios se debe al conflicto dado entre Rusia y Ucrania; sin embargo, no se debe ignorar que, en Perú, la inestabilidad del gobierno y los conflictos entre el ejecutivo y legislativo también influyen”, declaró el jurista.
Además, para el abogado Carbajal, esta medida de fuerza no es pertinente aplicarla en un estado de emergencia; no obstante, es una forma de hacer un llamado al gobierno para que pueda mejorar y modificar sus políticas económicas. “No es apropiado que se bloquee carreteras, centros comerciales y bancos en una época de reactivación y, más aún, en estado de emergencia. Por otro lado, el alto precio del petróleo ha provocado que la economía de muchas familias baje. Nosotros tenemos yacimientos petroleros, de donde podríamos abastecernos hasta que la situación internacional se regularice. Además, el Estado puede subsidiar el combustible a efecto de que los alimentos lleguen con total normalidad a los centros de abasto; sin embargo, no lo hace”, lamentó.
Por otro lado, esta opinión se contradice con la del constitucionalista Carlos Talledo, ya que podría tratarse de una acción sin muchos resultados. “Haciendo un paro no se logrará que el combustible baje. El precio alto de barril, a nivel mundial, bordea 100 dólares. Ello se debe a la guerra entre Rusia y Ucrania y a los cortes de suministro de petróleo a nivel mundial. EE. UU le ha pedido a Arabia Saudita que produzca más petróleo, y esta le dijo que no. Entonces, dudo que el paro logre que el precio del combustible baje”, sustentó.
A favor de esta medida
El abogado Marcos Cruzado considera que este paro de transportistas no es el primero que se realiza en estado de emergencia. Además, la situación económica es apremiante y las autoridades se muestran desinteresadas. “Lamentablemente, no se ha percibido el interés de los políticos por frenar el alza de combustible. La inacción de parte del Gobierno, en especial del mismo presidente, ha generado este tipo de medidas. Es algo que ya se veía venir”, explicó.
Además, el jurista comentó que estas manifestaciones se pudieron evitar, puesto que la tendencia de los precios indicaba un alza muy elevada de costos. “El petróleo y el gas han subido más de un 50 % a lo que era antes. Es más, en el último periodo de Sagasti subió el precio del gas. Entonces, estamos hablando de un problema que ya se predecía tal como lo indicaba las tendencias. Paradójicamente, Castillo, sabiendo ello, pone al gas dentro del bono de compensación. Además, el derrame de petróleo que sucedió el año pasado y la sanción impuesta también influyó; pero no lo quieren reconocer”, comentó.
