Golpe con golpe. El Poder Ejecutivo oficializó, el sábado 26 de marzo, en el boletín de normas legales de El Peruano, la declaratoria de emergencia en cinco provincias de La Libertad, por un plazo de 45 días calendario. La medida abarca las provincias de Trujillo, Pacasmayo, Chepén, Virú y Ascope; con el propósito de fortalecer la lucha frontal contra la delincuencia común y organizada.
Esta misma noche y en horas posteriores ocurrieron hechos delictivos que fortalecen las críticas formuladas contra esta medida por su aparente ineficacia. Un grupo de delincuentes asaltaron a unos veinte pasajeros de un bus de la empresa El Dorado que cubre la ruta Trujillo-Paiján. En Virú asesinaron a un albañil a balazos. En Alto Trujillo, balearon a un adulto y en La Esperanza hallan el cuerpo de una mujer violentado. Y paramos de contar.
Según el decreto supremo Nº 027–2022–PCM, que formaliza el estado de emergencias en las provincias de La Libertad, la Policía Nacional del Perú (PNP) mantiene el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Los agentes pueden hacer uso de la fuerza y su capacidad coercitiva ante cualquier situación que podría atentar contra la tranquilidad, la seguridad y la convivencia pacífica. Así, quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito en el territorio nacional, la libertad de reunión y libertad y seguridad personales.
En Virú asesinaron a un albañil a balazos. En Alto Trujillo, balearon a un adulto y en La Esperanza hallan el cuerpo de una mujer violentado. Y paramos de contar.
Opiniones divididas
¿La declaratoria de emergencia frenará la delincuencia? Esa es la pregunta que pone en debate a diversos especialistas, más aún cuando no está explícito un plan operativo ad hoc, con su respectivo financiamiento para hacer frente al enemigos temible y letal que es el hampa.
El abogado constitucionalista Carlos Talledo Manrique desconfía de la pertinencia de la medida. “La suspensión de un derecho constitucional siempre exige la vigilancia al respecto porque la Policía podría cometer muchos abusos. Sinceramente, dudo que esto sea una medida adecuada para luchar contra la delincuencia. Quizá sea un paliativo que genere temor entre las bandas, pero tengamos en cuenta que con esto no se desarticularán. Lo que realmente se necesita es implementar un servicio de inteligencia que ataque directamente el núcleo de las bandas delincuenciales; además, es indispensable que la Policía esté mejor preparada y renumerada para que podamos lograr operativos eficaces”, declaró.
Se recuerda que, con el estado de emergencia, las jurisdicciones implicadas entran en un régimen extraordinario, en el cual, la Policía, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, pueden intervenir en el orden interno sin necesidad de pasar por filtros judiciales. Esto significa que, si la Policía sospecha de alguna comisión de delitos, puede intervenir sin tener en cuenta el derecho a la inviolabilidad de domicilio, el libre tránsito, la libertad de reunión ni la seguridad personal. No obstante, los ciudadanos sí podrán reunirse y viajar; pero con la incertidumbre de ser intervenidos. Además, la Policía tomará el control de las reuniones masivas, como protestas, fiestas patronales y la asistencia en centros sociales y de diversión, pero con el objeto de garantizar la seguridad colectiva.
Por ende, el abogado penalista Luis Miguel Saldaña Monzó consideró que la efectividad de esta medida depende de cuán capacitados esté la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas. “Esta situación de emergencia no es la primera vez que pasa. Hay muchos policías denunciados por abuso de autoridad. Esto me hace pensar que, primero, la regla debe ser bien explicada a los efectivos policiales y a los miembros de las Fuerzas Armadas para que conozcan en qué situaciones intervenir y restringir derechos; ya que esta norma les da una autoridad por encima de sus cánones regulares”, expresó.
La policía tomarán el control de las reuniones masivas, como protestas, fiestas patronales y la asistencia en centros sociales y de diversión, pero con el objeto de garantizar la seguridad colectiva.
Por otro lado, para el abogado constitucionalista Luis Zavaleta esta medida no solo debe regir en cinco provincias de La Libertad, puesto que, en la zona andina, la comisión de delitos es elevada, pero muchos no se atreven a denunciar. “Lo que se busca es facilitar el trabajo de la Policía en la lucha contra la delincuencia. Creo que, para evaluar la pertinencia de esta medida, se necesita analizar qué logros se obtuvieron tras los 45 días de vigencia del estado de emergencia. A veces se estigmatizan este tipo de decreto, pero tengamos en cuenta que La Libertad está en alerta roja en materia de seguridad ciudadana. Muchos piensan que esto podría incrementar la corrupción, pero no es así; ya que, este en tipo de decreto, las autoridades no acuerdan temas de inversión”, declaró.
Consultado por el diario La Industria, el especialista en seguridad ciudadana, César Ortiz Anderson, dijo que en 45 días es imposible revertir un problema estructural como la delincuencia. “Tal como se ha trabajado el estado de emergencia no ha intimidado a la delincuencia. Solo ver la experiencia en el Callao, para conocer que la delincuencia se ha incrementado”.
A inicios de año, el Gobierno central decretó el estado de emergencia en el Callao y Lima, tal como acaba de hacer en La Libertad. Aldo Pecho Gonzáles, de Instituto de Defensa Legal (IDL), consideró que las restricciones de derechos a la ciudadanía y el llenar las calles de policías y militares no son ni serán la solución a los problemas de inseguridad si se quiere hacer una lucha estratégica contra la delincuencia. “Esto se encuentra harto comprobado en el Perú y en cualquier parte del mundo. Lamentablemente, sí resulta fácil dejarse llevar por los aplausos inmediatos para medidas que en poco tiempo no van a ser más que un saludo a la bandera si no se ponen en prácticas no solo políticas de represión, sino de prevención”, escribió.
¿Por qué la medida?
Según el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI) en el ranking de los departamentos con mayor percepción de inseguridad, La Libertad ocupa el puesto doce con 87 %. Además, más del 70 % de hechos delictivos están vinculados al robo en sus diversas modalidades. Por otro lado, de las víctimas, solo el 12,2 % realizan las denuncias; mientras que el 87,8 %, no lo hace por desconfianza en el sistema policial. A esto se suma que solo el 3,5 % des los denunciantes recuperó sus bienes.
Respecto a homicidios, la Libertad registra una tasa de 7.35 por 100 000 habitantes; mientras que antes de la pandemia, la tasa era de 7.37; por lo que puede atribuirse una reducción de actos ilícitos. A nivel provincial, Trujillo registra 280 denuncias por asesinatos; convirtiéndose en la provincia con mayor número de homicidios. Le sigue Virú, con 49 denuncias; Pacasmayo, con 40; Ascope, con 25; Otuzco, con 24 y Chepén, con 18 atentados registrados.
La reacción de las autoridades
Como se recuerda, el miércoles 23, el gobernador regional Manuel Llempén Coronel anunció que el consejo de ministros había acordado la declaratoria de emergencia para cinco provincias de La Libertad. En un primer momento se adelantó que el decreto supremo que formalizar el régimen de excepción se publicaría al día siguiente. Sin embargo, no sucedió hasta el sábado 26.
Llempén informó que recibió las llamadas de los ministros de Defensa y el Interior, quienes le notificaron que primero, dicho decreto regirá en las provincias de Trujillo, Ascope, Virú, Chepén y Pacasmayo; pero que, posteriormente, se acatará la observación en la sierra liberteña.
“Tendremos en 15 días al ministro del Interior, Alfonso Chávarry. Él evaluará, en Trujillo, el avance de esta medida de emergencia; pero le he pedido que se necesita extender a toda la región liberteña, porque la minería ilegal, en la zona de la sierra, está causando muchas muertes (…) Esperamos que esta acción venga acompañada de un plan operativo y financiamiento adecuado. Necesitamos personal especializado en investigación, inteligencia, así como el grupo terna para frenar el robo callejero”, expresó la autoridad.
Las restricciones de derechos a la ciudadanía y el llenar las calles de policías y militares no son ni serán la solución a los problemas de inseguridad si se quiere hacer una lucha estratégica contra la delincuencia.
Luego de publicada la norma, Llempén protestó porque no se ordenó el envío de policías de inteligencia y del grupo Terna, y que tampoco se indicaba nada sobre algún plan operativo ad hoc, con su respectivo financiamiento, esperando que eso se produzca en los próximos días. “Fuimos claros al pedir que la declaratoria debería estar acompañada de policías de inteligencia. Por cada 250 pobladores se debería tener un policía, según los estándares internacionales. Deberíamos tener 8 mil policías, pero no hay ni la mitad”, dijo el gobernador.
Por otro lado, el alcalde José Ruiz Vega afirmó que recibirá aproximadamente S/ 3 millones por concepto de utilidades de la Caja Trujillo. Este hecho le permitirá invertir en camionetas de patrullaje, optimizar el sistema de videovigilancia, fortalecer las juntas vecinales y rondas urbanas y realizar las gestiones referentes a la seguridad ciudadana.
