La polémica de portar o no armas no letales para los serenos municipales, terminó. El Ejecutivo rechazó la ley aprobada por el Congreso que plantea que los agentes del servicio de seguridad ciudadana de los municipios, conocido como serenazgo, puedan usar estos tipos de armas para combatir a la inseguridad ciudadana en sus jurisdicciones.
El pasado 29 de marzo, el pleno del Congreso aprobó una modificación a la Ley del Servicio de Serenazgo Municipal para autorizar que este cuerpo pueda usar las armas “no letales”, previa capacitación por la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas. La norma establecía que en su equipamiento para “prevenir y disuadir” la delincuencia, estos trabajadores ediles podrían acceder a los grilletes de seguridad, bastón tonfa (vara policial), aerosoles de gas pimienta y chalecos antibalas.
Sin embargo, el Gobierno peruano devolvió esa ley con observaciones tras recordar que la “fuerza pública es ejercida de forma exclusiva por la Policía Nacional del Perú y, excepcionalmente, por las Fuerzas Armadas en las situaciones expresamente previstas en el texto constitucional”. También consideró que solo se debe autorizar el uso de medios de defensa, como las varas y escudos, pero no permitir el uso de grilletes, ya que “el uso de estos dispositivos está destinados al arresto, ejerciendo la fuerza del Estado”, un rol para el que solo está facultado la Policía Nacional.
El Ejecutivo considera que no es “viable” cumplir con el encargo de que las Fuerzas Armadas capaciten a los agentes municipales porque aquellas están preparadas para acciones de guerra, lucha contra el narcotráfico y terrorismo, con un armamento y equipamiento adecuado para esos fines.
El origen de la propuesta
En abril de este año, luego de que dos integrantes del serenazgo fueran asesinados por delincuentes extranjeros, el congresista Diego Bazán, del partido derechista Avanza País y quien sustentó el proyecto, exhortó al Gobierno de la presidenta Dina Boluarte a promulgar esta norma. Tras conocerse el rechazo del Ejecutivo, Bazán consideró que se trata de “un grave error” y remarcó que la intención del proyecto no es quitar “funciones a la Policía, sino que se trata de ayudar a la Policía a hacer su trabajo”.
“Sí se van a hacer algunas mejores, sin ninguna duda, pero después vamos a ir por la insistencia en su totalidad”, anunció en referencia a que el Congreso puede aprobar la norma directamente tras la negativa del Gobierno. “La delincuencia requiere una respuesta firme”, enfatizó.
