En una decisión judicial que resuena en el ámbito deportivo y legal, el expresidente del club Alianza Lima, Guillermo Alarcón, fue condenado este martes a 13 años de prisión por los delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir.
El fallo, adelantado como parte del proceso vinculado al caso de corrupción conocido como Oncoserv, también impactó al empresario Rodolfo Orellana, quien recibió una condena de 20 años por lavado de activos y cohecho activo específico.
La sentencia fue impuesta por el Primer Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional, encargado de este complejo caso. Ludith Orellana, también inculpada en el proceso, enfrentará 13 años de prisión, con la lectura íntegra de la sentencia programada para el próximo 26 de enero.
La acusación presentada por el Ministerio Público detalla que el denominado ‘clan Orellana‘ y el exdirigente deportivo defraudaron al gobierno de la región sureña de Arequipa, apropiándose de más de 10 millones de soles a través de un arbitraje amañado. Este caso se sustentó en el incumplimiento de un contrato con la empresa Oncoserv, encargada de servicios oncológicos en el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur.
Expresidente de Alianza Lima: fraude y falsedad
Cabe destacar que esta no es la primera vez que Alarcón enfrenta consecuencias legales. En 2014, fue condenado a 5 años de cárcel por fraude y falsedad en la administración de personas jurídicas en perjuicio de Alianza Lima, club que presidió entre 2009 y 2012.
El expresidente, expulsado como socio del Alianza Lima en febrero de 2022, enfrentó esta medida disciplinaria por realizar “actos contrarios a las leyes, la moral, las buenas costumbres, con los fines de la asociación o contrarios a sus intereses económicos o patrimoniales de la institución”, según estableció la resolución del club.
Este caso también revela que el ‘Clan Orellana’, integrado por 26 personas, llevó a cabo prácticas fraudulentas entre 2002 y 2015, incluyendo la falsificación de documentos y corrupción de funcionarios, con el objetivo de apropiarse ilegalmente de inmuebles en litigio. En 2020, el Ministerio Público logró una primera condena contra 19 involucrados en este caso, destacando exfuncionarios de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp) acusados de apropiación ilegal de 47 terrenos entre 2009 y 2013.
