Del total de los 61 fallecidos, quienes surgieron tras el intento de golpe de Estado del exmandatario Pedro Castillo, el pasado 7 de diciembre de 2022, la represión policial les arrebató la vida a 49 de ellos a punta de proyectiles e impactos de bombas. Ante ello, la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Margarette May Macaulay, en su lectura del Informe de la Comisión, calificó de “masacre” y la posibilidad de “ejecuciones extrajudiciales” en estos actos tras las decisiones de la actual presidente del Perú, Dina Boluarte.
“Las muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales. Además, como estas son de privaciones múltiples del derecho a la vida, teniendo en cuenta las circunstancias de modo tiempo y lugar, deben ser clasificadas como una masacre”, expresó Margarette Nay en su lectura, en relación a las 10 muertes ocurridas en Ayacucho el 15 de diciembre, todas por impacto de arma de fuego, en inmediaciones del Aeropuerto Nacional Alfredo Mendívil Duarte.
Margarette May Macaulay, además, indicó que, tras la información recopilada, se pudo concluir que hubo violaciones de derechos humanos graves que deben ser investigados con un enfoque étnico racial y que fueron perpetradas por agentes estatales. “Las muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales. Hubo episodios graves de uso excesivo de la fuerza en casos específicos”, explicó la presidente de la CIDH.
La experta, según la información que recibieron en Ica, Lima, Arequipa y Cusco “la respuesta del Estado se caracterizó por el uso de la fuerza de manera letal, indiscriminada y desproporcionada”, lo que confirmaron por el alto número de muertes y personas lesionadas en la parte superior del cuerpo por armas de fuego. Incluso, hubo personas que fueron lesionadas, aunque no estaban participando de la protesta, agregaron.
Boluarte responde
En un respuesta casi instantánea, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, negó que durante las protestas antigubernamentales que sacudieron el país los últimos meses se produjeran “ejecuciones extrajudiciales” y una “masacre”, tal y como señaló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su último informe.
“Como todo informe, hay cuestionamientos que no compartimos pero respetamos, más aun viniendo de un organismo del sistema interamericano de derechos humanos como es la Comisión. De hecho, rechazamos la supuesta existencia de ejecuciones extrajudiciales y la calificación de masacre, aún cuando se menciona de manera condicional en los hechos ocurridos durante las protestas”, exhortó Boluarte junto al gabinete ministerial.
Boluarte, además, defendió a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de Perú (PNP), de las que dijo que “siempre estarán al servicio de la sociedad para proteger su integridad”. “El informe general usa siempre las condicionales, los de la Comisión estuvieron dos días y tres días, en cinco días no creo que hayan podido llegar a conclusiones, por eso hablan en condicional”, expresó la presidenta en relación a las visitas al país que dicha institución realizó en diciembre y en enero pasados.
La mandataria saludó que el documento de la CIDH sea firme al condenar el golpe de Estado llevado a cabo por el entonces presidente Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022 y el reconocimiento del organismo regional a la rápida respuesta de las instituciones peruanas para preservar el orden constitucional y el estado de derecho en dicha fecha. Recalcó que el Estado respeta los compromisos internacionales en materia de derechos humanos que son para el Gobierno “pilares fundamentales” y que por este motivo nada más comenzar las protestas en diciembre de 2022 invitaron a la CIDH al país para que evaluara la situación.
“El informe no atribuye responsabilidad penal a título personal a ninguna autoridad del Estado”, indicó, por su parte, el primer ministro peruano, Alberto Otárola, al señala que este no es “una sentencia” y que Perú aplicará las recomendaciones de manera gradual conforme a la Constitución.
