El punto de inflexión para el futuro político del alcalde en funciones de Trujillo, Arturo Fernández Bazán, parece estar a la vuelta de la esquina, tras el ultimátum del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por la vacancia debatida por el concejo municipal.
El burgomaestre acusa al JNE de pretender removerlo. En respuesta, el organismo ha solicitado el expediente de su procedimiento de vacancia y ha establecido un plazo de tres días hábiles para que se lo entregue, plazo que vence este martes 5 de diciembre.
Arturo Fernández contra las cuerdas
Fernández, conocido por sus polémicas acciones y declaraciones, fue sentenciado por el Poder Judicial por el delito de difamación agravada tras faltarle el respeto a una policía. Sin embargo, el alcalde no se ve así mismo como un transgresor de la ley sino como “la mejor autoridad” que ha tenido Trujillo.
En caso de que no se cumpla con la entrega de los documentos, el JNE procederá de acuerdo a sus atribuciones, refiere María Alexandra Marallano Muro, secretaria general del JNE, en un comunicado oficial.
Certificado médico bajo la lupa
Además de esta situación, Arturo Fernández se encuentra en la mira del Seguro Social de Salud (EsSalud) debido a que obtuvo un descanso médico para ausentarse de un nuevo juicio, también por difamación, que fue reprogramado por tercera vez esta semana.
El certificado médico, emitido por el hospital Luis Albrecht, es objeto de investigación por la Red Asistencial La Libertad, en un intento por determinar si el descanso se otorgó en función a criterios médicos.
Es importante subrayar que mientras el JNE exige la documentación necesaria, Fernández ha utilizado las redes sociales de la municipalidad para declarar que Trujillo está en “crisis” tras la aprobación de su vacancia.
No deja de ser irónico que el alcalde sea conocido no solo por este caso de difamación, sino por sus comportamientos desafiantes hacia los periodistas.
