“2.4. El denunciado César Arturo Fernández Bazán, deberá seguir tratamiento terapéutico en el plazo de tres días, bajo apercibimiento de, en caso de inconcurrencia, ser denunciado por el delito de desobediencia a la autoridad”.
Este es un fragmento de la resolución que emitió la jueza Mercedes Jesús Vásquez Zambrano, del Sexto Juzgado de Familia, en contra del alcalde de Trujillo, Arturo Fernández Bazán, luego de que fuera hallado culpable de violencia sicológica en agravio de una ciudadana trujillana.
Los hechos se basan en la denuncia presentada por Kelly Yalu Padilla Zare, una joven estudiante de Ingeniería Civil, quien desde el pasado 12 de abril recibe mensajes intimidantes, ofensivos y obscenos a través de redes sociales. ¿La razón? Una publicación que realizó el alcalde de Trujillo en su cuenta de Facebook, en la que dejaba entrever que la joven saldría con hombres a cambio de dinero.
Además, el burgomaestre puso en tela de juicio la dignidad de la estudiante universitaria al deslizar que esta defiende, en sus redes sociales, la gestión del general PNP Augusto Ríos Tiravanti, jefe de la Policía en La Libertad, por motivos amorosos.
Arturo Fernández, una raya más al tigre
“Me sorprendió que amigos me enviaran pantallazos de una publicación que el señor Arturo Fernández había hecho sobre mí en su Facebook diciendo que yo me dedicaba a la vida alegre y que cobraba por eso 1500 soles. Desde ese día yo me sentí con cólera y le comenté a mis papás lo que había ocurrido”, contó Kelly Padilla en su declaración a la jueza del Sexto Juzgado de Familia.
La vida de la joven no fue la misma desde entonces. Tuvo que cambiar la configuración de privacidad de sus redes sociales y restringir los comentarios en modo público debido al acoso y mensajes de connotación sexual que recibió tras el ataque público del burgomaestre.
“Yo a él no lo conozco, nunca he tenido contacto con él, solamente sé que él es el alcalde de Trujillo y que es un personaje público; pero nunca, ni mi familia ni yo, hemos tenido contacto con él”, aclaró la joven.
Tras enviarle una carta notarial exigiendo una rectificación pública y el retiro de sus agravios, Kelly Padilla decidió denunciar al alcalde provincial por violencia sicológica. El Servicio de Atención Urgente (SAU) La Libertad practicó una pericia sicológica a la joven denunciante y determinó que presenta “afectación sicológica a nivel afectiva, cognitiva conductual, compatible con víctimas de violencia sicológica, que cada día generan mayor impacto para el estado emocional de la usuaria, con un nivel de riesgo moderado”.
El informe del SAU también alerta que “pueden surgir nuevos hechos de violencia que pongan en riesgo la integridad física y psicológica de usuaria” y precisa que Arturo Fernández tiene antecedentes de demandas judiciales por otros hechos de violencia contra la mujer, que están consignados en los expedientes N° 01772- 2023-0-1601-JR-FT-11, de fecha 24 de febrero de 2023.
La jueza resuelve
Tras evaluar los elementos probatorios, la jueza Mercedes Jesús Vásquez Zambrano, del Sexto Juzgado de Familia determinó que sí hubo agresión sicológica y daños probados de parte de Arturo Fernández.
“Conforme a la naturaleza tuitiva de este tipo de procesos, existiendo elementos suficientes como el propio relato de la agraviada el cual es hábil, coherente y suficiente para crear convicción en la juzgadora, sobre la existencia de hechos de agresión psicológica; estando ello corroborado y relacionado con la publicación realizada por el denunciado César Arturo Fernández Bazán desde su cuenta de Facebook [Arturo Fernández- Alcalde de Trujillo], cuyo contenido es ofensivo contra la dignidad de una mujer…”, se lee en el sétimo considerando de su resolución.
Así, la magistrada prohibió al alcalde de Trujillo “ejercer actos de violencia en cualquier modalidad en agravio de la denunciante”, así como tomar represalias contra Kelly Padilla, y determinó que debe seguir un tratamiento terapéutico en el Centro de Salud Mental Comunitaria MaeichMuchik, ubicado en la Mz. T sector El Paraíso, distrito de Moche.
La resolución judicial establece que si Fernández Bazán se niega a asistir a terapia o insulta a la denunciante, será denunciado por el delito de desobediencia a la autoridad.
Asimismo, la titular del Sexto Juzgado de Familia también dispuso que la agraviada reciba tratamiento sicológico para reponerse al daño ocasionado por los ataques de la autoridad municipal. La atención profesional estará a cargo del Centro de Salud Mental Comunitaria de La Esperanza.
Solo burlas
Esta mañana, el alcalde de Trujillo visitó el barrio 6 del distrito Alto Trujillo para informar a los pobladores sobre un próximo proyecto de construcción de un parque recreativo. Pero, fiel a su estilo polémico, se burló de la jueza Mercedes Jesús Vásquez Zambrano, quien le ordenó ir a terapia, con frases de doble sentido.
“Un aplauso para la jueza Mechita Zambrano, que me ha mandado a una terapia. De repente la señora está por su Zambrano”, dijo, esperando que la población festejara sus expresiones, hecho que no ocurrió.
Hace menos de una semana, Arturo Fernández también faltó el respeto a una mujer de unos 60 años, en la urbanización El Recreo, quien le pidió podar un árbol que impedía la iluminación durante las noches.
— Mire, alcalde, quiero que lo vengan a podar. Mire ve.
— Ya, acá estamos con la gerenta del Segat. Hay que podar esto.
— El árbol está muy caídas las hojas, le explica la mujer.
— ¿Cómo le gusta el árbol a usted?
— O sea, más podadito, responde la señora.
— ¿Más parado?, preguntó Arturo Fernández, ante las risas cómplices de Gisella León y trabajadores que acompañaban al burgomaestre y que se transmitió en vivo desde el facebook de la Municipalidad Provincial de Trujillo.
Arturo Fernández se enfrenta a un pedido de suspensión de noventa días por sus declaraciones desafortunadas en agravio de la esposa del regidor Jorge Vásquez Tirado, durante la sesión de concejo del 22 de febrero.
El pedido del concejal se evaluará en un plazo de quince días y, según contó el mismo Jorge Vásquez, once de los quince regidores están a favor de la suspensión del burgomaestre.