Por Carla Liñán
Al alcalde Arturo Fernández Bazán no se le ha suspendido. Aún.
Lo que ocurrió el jueves 14 de setiembre del 2023 fue la aprobación de su suspensión. Para que la sanción entre en vigencia falta que se cumplan los plazos establecidos por ley.
¿Cuánto tiempo tardará ese proceso? Es incierto. Aunque se especula que el autodenominado ‘loco’ permanecería en el cargo hasta diciembre.
El largo camino de la ley
El acuerdo de suspensión por unanimidad contra Arturo Fernández Bazán de la alcaldía de Trujillo continúa generando controversia.
La decisión, adoptada por todos los regidores (15) de la comuna de la capital de La Libertad, es apenas el primer paso del proceso que debe seguir el acuerdo para que entre en vigencia.
La abogada Kelly Layza Pardo menciona que el alcalde cuenta con la posibilidad, dentro de los 8 días, de presentar un recurso de reconsideración.
Si se considera de que la decisión de suspenderlo ocurrió el jueves 14 y se contabilizan solo días hábiles, Fernández Bazán tiene hasta el 26 de setiembre, como plazo máximo, para invocar este derecho.
Este recurso se presenta ante el concejo municipal con la finalidad de que lo revise y emita un pronunciamiento.
Según el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico “la reconsideración es el medio de impugnación que se interpone ante la misma autoridad de primera o de única instancia para que esta revoque, aclare, modifique o anule su decisión”.
La norma no señala el plazo que tiene el concejo para discutir el recurso de reconsideración.
Arturo Fernández, ¿se viene la apelación?
Culminado el proceso de reconsideración llega a la apelación. El artículo 25 de la Ley Orgánica de Municipalidades aclara que el recurso de apelación se interpone ante el concejo municipal dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a la notificación del acuerdo de concejo que aprueba o rechaza la suspensión, o resuelve su reconsideración.
Es decir, si Fernández presenta una reconsideración y el concejo decide desestimarla, la autoridad tiene, desde entonces, 10 días más para apelar el acuerdo que lo suspende del cargo, al que llegó en enero del 2023.
Se estima que todos esos trámites se extenderán hasta la tercera semana de octubre, si se considera que el Concejo Municipal cuenta con cinco (5) días hábiles para elevar la apelación al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), entidad superior para aclarar sobre el destino de las autoridades ediles suspendidas.
Siendo optimistas, el expediente llegará al organismo nacional la última semana de octubre o primera de noviembre.
La Ley Orgánica de Municipalidades no establece cuánto es el plazo que tardará el JNE para atender los recursos de apelación contra la suspensión de burgomaestres, aunque la jurisprudencia de esta institución fija como periodo máximo 30 días.
Es importante destacar que la decisión que adoptará el JNE es inapelable.
Si es así, a mediados de diciembre, se conocerá el destino final del alcalde Arturo Fernández, mientras tanto él seguirá despachando como un burgomaestre hecho y (no) derecho.
¿Por qué suspendieron a Arturo Fernández?
La Ley Orgánica de Municipalidades establece en su artículo 25 las causales para la suspensión de alcaldes: incapacidad física o mental temporal, licencia autorizada por el consejo municipal por un periodo máximo de 30 días naturales, sanción impuesta por falta grave de acuerdo con el reglamento interno del concejo municipal y sentencia judicial condenatoria emitida en segunda instancia por delito doloso con pena privativa de libertad.
Sobre Arturo Fernández recae una sentencia condenatoria, en segunda instancia, por delito de difamación agravada, razón por la cual, tras una sesión extraordinaria, se aprobó la suspensión.
Fernández fue penado por el Quinto Juzgado Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de La Libertad por el delito de difamación agravada, cometido contra una oficial de la Policía Nacional del Perú.
La sentencia fue confirmada en segunda instancia, en junio del 2023, por la Segunda Sala Penal, instancia que rechazó el recurso de casación interpuesto por la defensa del burgomaestre para llevar su caso a la Corte Suprema de Justicia.
¿Puede volver a la alcaldía?
Aunque la situación política de Arturo Fernández es complicada, hay una chance para que esto ocurra. Carlos Talledo Manrique, abogado constitucionalista del estudio Talledo & abogados, aclara que lo que ha aprobado el concejo es la suspensión, “es decir, las facultades que él tenía como alcalde provincial de Trujillo quedan en stand by, en suspenso”, hasta que venza el plazo de su condena. Esta es por un año, según lo indica el fallo judicial.
“Transcurrido ese año, él regresa a la alcaldía. Pero, ojo, también se encuentra pendiente ya una solicitud de vacancia. La vacancia, de aprobarla el Jurado Nacional de Elecciones, ya es permanente”, explica.
“Para que el JNE vea la suspensión o vacancia, se necesita que el actual alcalde apele. Si así lo hace Arturo Fernández, en el JNE el trámite tarda entre dos y tres meses, mientras tanto él sigue siendo alcalde”
Carlos Talledo Manrique
Mario Reyna, el sucesor
Si el JNE ratifica la suspensión adoptada por el concejo de Trujillo, entonces esta institución emitirá una resolución, mediante la cual le retira la credencial de alcalde a Arturo Fernández Bazán. En su lugar, asumirá el cargo el primer regidor Mario Reyna.
