En un alarde de iniquidad, Perú continúa negando, incluso en 2023, el derecho al aborto terapéutico para numerosas niñas, víctimas de agresiones sexuales.
Cada día, cuatro menores de 15 años son forzados a asumir la maternidad, doblando la lanza de su revictimización. Mientras se avecina el Día de Acción Global por un Aborto Legal, Seguro y Gratuito, el 28 de septiembre, este abuso prosigue con impunidad.
Amnistía Internacional ha condenado este atentado a los derechos humanos y pide garantías para el aborto terapéutico en casos de víctimas infantiles de embarazo. Subrayan que forzar a una menor a convertirse en madre puede ser considerado tortura.
Cada día, cuatro menores de 15 años son forzados a asumir la maternidad, doblando la lanza de su revictimización.
Según las estadísticas oficiales, hay un aumento considerable en la cantidad de madres de 10 a 14 años en Perú, de 1,429 en 2021 a 1,619 en 2022, a pesar de los riesgos demostrativos para la salud.
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A las puertas de este crítico escenario, el gobierno aumenta las barreras legales para acceder a un aborto terapéutico. Las organizaciones de derechos ven con alarma el avance de propuestas y proyectos de ley que dificultarían aún más este derecho fundamental.
Aborto terapéutico y marcha
El caso de Camila, una niña indígena obligada al embarazo tras años de abuso, es solo un rostro en el abismo de sufrimiento al que se enfrentan las niñas embarazadas y sus familias en Perú.
“El Estado no puede tolerar más el abuso y la negación de derechos”, señala María Paz de la Cruz, Coordinadora de Campañas de Amnistía Internacional Perú.
Este 28 de septiembre, Amnistía Internacional se une a las movilizaciones en todo el país, para demandar la despenalización total del aborto y el acceso a una educación sexual integral segura.
La presidenta de Amnistía, Yuly del Pilar Quispe Cusacani, afirma: “Las niñas deben tener la oportunidad de ser niños, no madres. No podemos tolerar la persistencia del embarazo infantil”.
